Hidalgo. Fracasó el tiradero en Chapantongo

Fracasó el tiradero en Chapantongo
Sergio Islas / Rubén Darío Betancourt, fotos

Ante la oposición de la comunidad de este municipio a la instalación de un cofinamiento de desechos industriales, el gobierno negoció la construcción de la planta de Zimapán en lo oscurito, así evitó que la opinión pública tuviera éxito en su intención por detener el avance de la obra que puede contaminar sus tierras y la presa que nutren a la zona agrícola de la región.

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En el 2003, la Semarnat autorizó la construcción de un confinamiento en el municipio de Chapantongo, Hidalgo. En su momento, ese proyecto fue defendido por los tres ámbitos de gobierno que reprimieron y denostaron a los opositores; exactamente igual a lo que ocurrió años después con el caso del tiradero de residuos tóxicos de Zimapán. Hoy, cuando el plan de construir la planta se concreta, se recuerda el caso de Chapantongo.
El 6 de diciembre de 2005, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados local dictaminó la inviabilidad del proyecto. Al mismo tiempo y como resultado de un punto de acuerdo, exhortó a la secretaría de la Función Pública para que revisara el procedimiento por el cual se autorizó el “Proyecto de Tecnología Aplicada” de la empresa Promotora Mexicana de Reciclaje S.A. de C.V. “y en su caso, se iniciaran las acciones legales correspondientes y se sancionara a los responsables”.
Como segundo punto, la Cámara de Diputados exhortó a la Semarnat para que, en caso de encontrar irregularidades en el otorgamiento de la autorización de dicho proyecto, se revocara la licencia. En ese dictamen, en poder de Contralínea, se lee que esta resolución fue resultado de la lectura del expediente del caso y de conocer las opiniones de los expertos, de las instituciones especializadas y de las instancias involucradas.
El dictamen reveló que todas esas instancias concluyeron que no era posible garantizar “la inafectibilidad y conservación del acuífero y de los cuerpos de agua que utiliza la población”. Cabe destacar que la Comisión encontró como principal argumento para su resolutivo que la secretaría autorizó la construcción de la planta a pesar de que existían 52 condicionantes que la comisión legislativa consideró “demasiadas” para un proyecto de esta naturaleza.
También pesaron las opiniones en contra de organismos como la Subgerencia General Técnica de la Comisión Nacional del Agua, que concluyó que 'el sitio no reunía las condiciones establecidas en la NOM-055- ecol-1993, dado que el sitio tiene conexión con acuíferos muy permeables y está ubicado en una zona de recarga de agua subterránea que alimenta a los acuíferos denominados Valle del Mezquital y Chapantongo Alfajayucan.”
Por su parte, el Instituto de Geología de la UNAM remitió su opinión sobre esos estudios y refirió que observó en la zona en la que se pretendía ubicar el proyecto, la presencia de cuatro aprovechamientos de agua subterránea, “lo que sugiere la presencia de un acuífero alojado en material volcánico y que quizá constituya la única fuente de agua potable para esas comunidades por lo que resulta muy importante su preservación”.
También, el Centro de Geociencias de la Universidad Autónoma de México demeritó los estudios que realizaron las empresas particulares, como el denominado Estudio Geológico Regional Juchitlán, Municipio de Chapantongo, de la empresa Hidrogeología y Perforaciones S.A. de C.V., que recibió esta observación: 'no cubre requisitos de la Norma 055-ecol-1993 ya que en ningún caso incluye aspectos relacionados con la presencia y características de los acuíferos de la zona y tan solo en su conclusión 3 menciona que los materiales geológicos en la comunidad de El Capulín son poco permeables, siendo un apreciación meramente cualitativa, ya que los aspectos cuantitativos deben realizarse con estudios diseñados a partir de los puntos 5.1.1.1 a 5.1.13 de la norma'.
Con respecto a la visita de los legisladores al sitio en que se construiría la planta y al que fueron acompañados por investigadores del Instituto de Geología de la UNAM y del Centro de Geociencias, Campus Juriquilla, hicieron saber que en la evaluación de impacto ambiental que ellos recibieron, se habla de una perforación a 300 metros aunque sólo se realizó a 190 metros.
Además, señalaron que el proyecto no cumple con la regulación necesaria para operar ni con los requisitos mínimos por tratarse de una región agrícola que posee varios cuerpos de agua que resultarían contaminados y pondrían en riesgo la salud de los habitantes del municipio de Chapantongo y municipios aledaños.
El dictamen de los investigadores señaló que en la declaración inicial de la compañía se omitieron datos relativos a la presencia de los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas existentes en la zona; además de que en sus opiniones técnicas hay deficiencias, omisiones de información, y recomendaciones de tipo técnico. Por esa razón concluyeron en que el proyecto no era viable.
Pese a todas estas anomalías, inexplicablemente la Semarnat sostuvo que el proyecto era viable en su parte ambiental, y expresó que por eso se aprobó la resolución de autorización condicionada. Finalmente ese proyecto se canceló, se dice, porque el presidente municipal de Chapantongo no renovó la licencia de construcción a Promotora Mexicana de Reciclaje S.A. de C.V. Esta versión omite señalar que los argumentos y estudios aportados por expertos e instituciones demostraban su inviabilidad.


Zimapán, la herencia

La exhibición de un contrato de confidencialidad que firmaron de manera tripartita el gobierno de la entidad, el municipal y la empresa española Befesa, así como la renovación de la licencia de construcción para que continúen los trabajos de la planta de confinamiento de desechos peligrosos en este lugar, alimentaron el encono y la desconfianza de los pobladores de Zimapán hacia los gobiernos federal, estatal y municipal.
Los opositores a esta obra, heredera del proyecto que fracasó en Chapantongo, han sido objeto de la represión policiaca y de los ataques articulados desde la prensa local contra el movimiento de resistencia. Pero principalmente, denuncian la nula respuesta desde los tres ámbitos de gobierno hacia sus demandas que, además, sustentaron con estudios de varias instituciones así como con argumentos que emiten profesionales de física y geofísica que advierten la inviabilidad del proyecto.
“Hemos hecho todo: fuimos a solicitar al gobernador, que viera nuestros estudios y nuestros sustentos, por qué nos oponemos a esta planta y no al crecimiento de Zimapán, como se ha querido hacer creer a la gente -”, explica la activista ecológica y vecina del lugar, Carmen Lozano Osorio.
Describe: “primero nos atendió Federico Vera, quien más que escucharnos nos amedrentó. Después, el párroco de la iglesia de Zimapán, Víctor Manuel Castillo Vera, nos consiguió una entrevista con el gobernador quien sólo recibió a ocho personas, entre ellas a un geólogo, un geofísico, un medioambientalista, uno de los líderes y al mismo párroco. Al final, sólo nos regañó y nos pidió que le presentáramos otros estudios, sin escucharnos”.
La crónica del encuentro con el Ejecutivo hidalguense que hace la defensora ecológica de Zimapán continúa: “No nos dejó presentarle el material que le llevamos en el que sustentamos nuestra oposición a la planta, como el hecho de que Zimapán está situado en una zona geográfica en la que existe una falla geológica denominada la Cabalgadura del doctor”.
Añade Carmen aludiendo al gobernador: “no dejó hablar a nuestro geólogo, quien trabajó para la presa hidroeléctrica y tiene estudios sobre el tipo de roca que existe en la zona; resulta que es muy permeable y de filtrarse los materiales peligrosos hasta ahí, pondrían en riesgo a la presa de cuya reserva de agua dependen al menos 700 personas. Ya sea que se accidentara una pipa o que al cabo del tiempo se filtren esas sustancias, causaría estragos en la presa y al rio Moctezuma.
“Tampoco nos dejó explicarle nuestra preocupación de que cuando la empresa inicie operaciones, nuestras propiedades disminuirán en su valor. ¿Quién va a querer invertir en un pueblo contaminado? En lugar de escucharnos nos mandaron golpear e intimidar. No puedo concebir que el gobierno del estado anteponga los intereses de un grupo económico a la salud de todo un pueblo y que no le importe el bienestar social de la gente, somos 40 mil habitantes”, manifiesta.
Agrega que David Penchyna, secretario de Desarrollo Social, declaró que Zimapán es ideal para construir esa empresa, “ya que ahí se muere más gente de la que nace”; por esa razón, dice Carmen Lozano, “este pueblo esta decepcionado del sistema gubernamental mexicano”. También recuerda la crítica del secretario de Gobierno de la entidad, Francisco Olvera Ruiz, en contra el movimiento social Todos somos Zimapán.
“Él dijo que con su activismo en contra de la instalación de la planta, el movimiento rompe con el estado de derecho, porque el gobierno federal se basó en una ley para conceder el permiso a Befesa de construir y operar una planta de confinamiento de desechos peligrosos en este lugar”.


En lo oscurito

Sin embargo, ese proyecto se negoció en lo obscurito, reitera la líder social. Explica que eso ocurrió “sin tomar en cuenta a la población que al final será la más afectada, porque viola nuestras garantías individuales más preciadas, a las que tenemos derecho y que están contempladas en la Constitución; como son: el derecho a la vida, a la salud y a la información”.
A unos días de que comience a operar la planta de reciclado y confinamiento de desechos peligrosos en Zimapán, los opositores a esa obra refieren que el contrato que autoriza su construcción sería prueba de que uno de los promotores es el ex gobernador hidalguense Manuel Ángel Núñez Soto, pues Claudia Ávila Conelly, su ex secretaria de economía, signó la autorización.
Además, ese documento aclararía el secreto a voces de que detrás de la campaña de desprestigio al movimiento de resistencia contra la planta de deshechos peligrosos está el ex jefe de prensa del gobierno de Núñez Soto, Luis Kaim Guevara.
El contrato en referencia (dado a conocer por Contralínea en su edición de febrero pasado) se firmó el nueve de julio de 2003; en representación del gobierno del estado figuró Claudia Ávila Conelly en su cargo de secretaria de Desarrollo Económico, por parte del municipio firmó el convenio la ex alcalde Rosalía Gómez Rosas y por la empresa, Norberto del Barrio Brun, su apoderado legal.
En su apartado cuatro, que alude a los compromisos adquiridos por las tres partes signatarias, el contrato que da luz verde a la construcción de la planta de desechos peligrosos cita textualmente que “las partes se comprometen a respetar la confidencialidad de la información de sus representadas -gobierno del estado, gobierno municipal y la empresa-“.
Describe que se entenderá por información confidencial: “aquella información de cualquier naturaleza, incluyendo pero sin limitarse a datos, costos, proyecciones, financieras, programas, cálculos, archivos, contratos, proyectos, análisis, procesos, etc., en cualquier tipo de soporte físico, proporcionada de forma oral o escrita, que sea suministrada por una de las partes a otra o las otras. Toda la información tendrá el carácter de confidencial a menos que expresamente se especifique lo contrario”.
Más adelante, el documento prevé que “no se considerará información confidencial aquella sobre la que las partes puedan demostrar que es de dominio público o ha sido divulgada en cumplimiento de resolución judicial, legal o de autoridad competente, en este supuesto, la parte interesada tendrá la obligación de comunicarlo de inmediato a las otras y utilizará los medios legales a su alcance para entregar la menor cantidad de información posible”.
Para los inconformes con la obra, el contrato firmado por el gobierno estatal, municipal y la empresa “demuestra lo que siempre hemos sostenido: que este proyecto se hizo en lo obscurito, a espaldas del pueblo y que por alguna razón no se dijo la verdad y que el proyecto se pretendía mantener en secreto, por lo menos en su etapa de construcción”.
Consulta obligada
Para los vecinos de Zimapán es evidente que “en ningún momento las autoridades federales, estatales y municipales, ni la empresa, tuvieron la intención de cumplir con la ley”; como ejemplo de su afirmación, recuerdan que la empresa fue obligada a realizar una consulta pública.
“En este punto aplicaron el convenio, utilizando los medios legales a su alcance para entregar la menor información posible, tal y como se comprometieron en el convenio, utilizando a la Sociedad Ecologista Hidalguense, para argumentar que la solicitud de información fue extemporánea”, aseguran los entrevistados.
Pero quizás la prueba más reveladora y que contradice la versión del gobierno de la entidad, en el sentido de que este es un problema federal, es la declaración que hizo en entrevista a la empresa Fragua Cine, Juan Ramón Barcalá, director de Sistemas de Desarrollo Sustentable Befesa, cuando afirmó que el gobierno de Manuel Ángel Núñez, a través de Claudia Ávila, acudió a la empresa para hacerles la invitación de invertir en la entidad.
“De ahí - prosigue la entrevista de Barcala -, se inició un proceso en donde la secretaria de desarrollo económico nos llevo a visitar varios sitios donde el gobierno de la entidad consideraba que podría darse ese tipo de proyectos. Después, se hizo contacto con la presidenta municipal y posteriormente con el ejido, que nos esta acogiendo de alguna manera”, describió el funcionario de la empresa.


Más voces en contra

En un comunicado dirigido a los miembros del movimiento social en contra de la planta de desechos peligrosos de Zimapán, Gustavo Ampugnani, director de campañas de Greenpeace México, explica que de entrar en funcionamiento ese tiradero tóxico, las consecuencias para la población local serían muy graves. Ante esta posibilidad, expresó su rechazo al proyecto.
Manifestó su solidaridad con el Movimiento Ciudadano “Todos Somos Zimapán” y respaldó la demanda de cancelar definitivamente la instalación del confinamiento. La organización ambientalista explica que confinar residuos peligrosos “no es la solución para gestionar la basura de las industrias, sino ocultar el problema, transferirlo de las industrias a las comunidades y, finalmente, postergar la aplicación de acciones encaminadas a transformar la manera en que se producen los bienes materiales.
Greenpeace México reseña que un confinamiento tiene una vida útil de 20 años, tiempo en que los residuos comienzan a lixiviar, contaminando así los mantos freáticos y el suelo, entre otros problemas. Y propone que la solución al manejo de los residuos es dejar de generarlos, adoptando procesos de producción limpios sustituyendo las sustancias tóxicas y peligrosas por otras no contaminantes.
Greenpeace considera que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe avocarse más a desarrollar políticas que promuevan la producción limpia y la sustitución de tóxicos, en lugar de promover la instalación de cementerios de residuos tóxicos como el de Befesa en Zimapán.
Revela que México ya tuvo una experiencia lamentable con los confinamientos de residuos tóxicos, tanto legales como ilegales, como los problemas ambientales que enfrenta en Mina, Nuevo León, debido al mal manejo del confinamiento de la trasnacional Vivendi. Esa experiencia indica que este tipo de instalaciones no son una opción, por el contrario, generan severos daños al ambiente y a la salud de los ciudadanos.
Greenpeace señala que los confinamientos no son formas de disposición final de los residuos si no cumplen con la premisa de no ocasionar daños en el ambiente y la salud. “Enterrar materiales peligrosos es una forma de postergar los daños que siempre terminan padeciendo los habitantes de una comunidad y el medio ambiente”.


Publicado: Año 3 / Junio 2008 / No. 31
http://www.hidalgo.contralinea.com.mx/archivo/2008/junio/htm/fracaso-tiradero-toxico-chapantongo.htm